Bolivia avanza en la protección de niños y adolescentes contra delitos sexuales en entornos digitales

La Paz, 8 de septiembre de 2025.- El Parlamento boliviano aprobó recientemente la Ley Nacional para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, que busca prevenir, sancionar y erradicar delitos sexuales cometidos contra menores a través de plataformas digitales, redes sociales y otros medios electrónicos. Solo resta la promulgación de esta normativa que fortalece la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia ante los riesgos tecnológicos.

Entre los delitos tipificados en la ley se encuentran el grooming (acoso o abuso sexual online), la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, y el contacto indebido con fines sexuales hacia menores. El proyecto contempla sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes distribuyan o comercialicen contenido sexual digital que involucre a menores, y de 4 a 8 años para quienes contacten a menores con fines sexuales por medios electrónicos.

Esta ley nacional refuerza avances locales, como la Ley Municipal de Prevención de la Violencia Digital contra Niños, Niñas y Adolescentes en Cochabamba, aprobada en junio tras un trabajo interinstitucional iniciado en 2024. La concejala Marilyn Rivera Peralta, presidenta de la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescencia del Concejo Municipal, destacó que es la primera ley municipal en el país enfocada en esta problemática y celebra que exista ya un «paraguas nacional» que permita trabajar de manera integral.

Rivera explicó que la nueva ley nacional facilita la intervención no solo cuando sucede el hecho, sino que permite la derivación inmediata hacia órganos jurisdiccionales para procesar los casos de violencia digital con eficacia, eliminando trabas legales anteriores por ausencia de tipificación.

La aprobación de estas normas representa un paso fundamental para proteger a la niñez y adolescencia boliviana en un contexto de creciente uso de tecnologías digitales y medios electrónicos, alineando al país con estándares internacionales en derechos digitales y protección infantil.