Por REDACCION CENTRAL 
La Paz, 5 de octubre de 2025 – La vocera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ángela Marín, afirmó que el informe conclusivo de la comisión legislativa que investigó a Botrading «desbarató» las acusaciones de irregularidades y confirmó la legalidad de los contratos y pagos realizados por la empresa. El documento, aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2025, no encontró indicios de sobreprecio, mal manejo de recursos ni actos de corrupción en las operaciones de compra de combustibles.
Marín explicó que el informe, de 72 páginas, analizó punto por punto las denuncias y concluyó que los funcionarios de YPFB actuaron «en estricto apego a la normativa vigente». Además, destacó que los márgenes de utilidad entre el precio internacional y el de adjudicación a YPFB se mantuvieron estables: 6% en 2023 y 7% en 2024. En conjunto, Botrading generó más de 30 millones de dólares en utilidades que permanecieron en Bolivia, a diferencia del pasado cuando estos recursos iban a intermediarias extranjeras.
La vocera advirtió que una eventual disolución de Botrading afectaría gravemente al Estado, ya que permitiría que empresas extranjeras se adjudicaran nuevamente los contratos y se quedaran con las ganancias. «¿De qué daño económico al Estado podríamos estar hablando si la totalidad de las utilidades, la totalidad del capital y todos los recursos que se han invertido en este trading son de propiedad del Estado?», cuestionó Marín.
Pese al informe legislativo, la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público continúan con sus investigaciones. La comisión recomendó remitir los antecedentes a la Contraloría para una evaluación técnica y jurídica, y en caso de hallar indicios de delito, derivar el caso a la Fiscalía. Algunos diputados, como Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, insisten en que hubo «hechos de corrupción y daño económico», aunque estos cuestionamientos no fueron incluidos en el informe final